Ibiza representar un destino turístico de referencia a nivel mundial fruto de la combinación de una serie de factores relacionados con una experiencia de ocio diferencial, que en los últimos 3 lustros ha disfrutado de un proceso de inversión empresarial en el reposicionamiento de la oferta de alojamiento hotelero, la restauración, el comercio y el ocio, reforzando su atractivo y capacidad de generación actividad económica.
Esta tendencia ha llevado aparejado la proliferación en la isla de una oferta de servicios turísticos ilegales, principalmente vinculados a las viviendas de uso turístico, pero también a distintos modos de transporte (taxis piratas o embarcaciones), los guías o el ocio nocturno, que han deteriorado el producto turístico a la vez que facilitado un aumento de la presión turística y el deterioro de la convivencia entre el turista y el residente. Esta situación ha generado problemas de competencia desleal, presión sobre el mercado de la vivienda, deterioro de la calidad del destino y conflictos sociales. Ante ello, el Consell de Ibiza impulsó un Plan de Choque contra el intrusismo, con el objetivo de reducir de forma significativa la oferta ilegal y reforzar el control sobre estas actividades.
Se trata de una iniciativa puesta en marcha por el Consell del Govern de Ibiza financiada con cargo al Plan anual 2024-2025 del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) gestionado a través de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), con una inversión de 4,2 millones de euros.
El Plan de choque plurianual contra el intrusismo en Ibiza se diseñó como una estrategia para combatir la oferta ilegal tanto en el alojamiento turístico como en el transporte. A través de una actuación coordinada, el Consell reforzó los mecanismos de control e inspección para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Para ello, se incrementó el personal inspector, mediante la contratación de nuevos efectivos (inspectores, administrativos y agentes de transporte), se utilizaron herramientas tecnológicas para detectar actividades ilegales en plataformas digitales y se establecieron colaboraciones para la retirada de anuncios sin licencia. Además, se intensificaron los controles en puntos clave como el aeropuerto para reducir los “taxis pirata”, junto con un endurecimiento de las sanciones (que se vieron incrementadas hasta los 500.000 euros en alojamiento y hasta 12.000 euros en transporte ilegal). Al mismo tiempo se reforzó la coordinación entre diferentes administraciones (Consell, ayuntamientos, policía local y Govern balear).
