Son muchos los destinos que están trabajando ya en los principios de Turismo Que Suma. Destinos que, siguiendo los postulados del Manifiesto, persiguen generar un turismo de mayor valor, preservando el equilibrio con la calidad de vida de la sociedad. Sus acciones forman parte de los 10 ámbitos de actuación que consideramos clave para conseguir estos objetivos. Un decálogo que parte de la necesidad que tienen los destinos de elegir un posicionamiento de futuro, de entender el turismo con un elemento esencial de la complejidad de sus sistema territorial y económico, de modificar las métricas para su evaluación -más basadas en su contribución socioeconómica y de calidad de vida de sus sociedades locales- y de implementar sistemas de planificación y gestión efectivos que primen las propuestas más interesantes en su modelo de prosperidad y convivencia de medio y largo plazo, previas al establecimiento de penalizaciones, para promover un Turismo Que Suma.
Durante décadas, el éxito turístico se ha medido casi exclusivamente por el volumen de visitantes y su impacto económico, un enfoque que hoy resulta insuficiente ante los nuevos retos sociales y territoriales. Ante este escenario, surge la necesidad de replantear el modelo turístico hacia uno más equilibrado, que combine prosperidad económica con la preservación del territorio y la calidad de vida de la población local, alineado con los principios de Turismo Que Suma, recogidos en el Manifiesto.
Esto implica adoptar una visión estratégica de futuro, incorporar nuevas métricas que valoren la contribución real del turismo al bienestar social y aplicar sistemas de planificación y gestión más eficaces. Los destinos consolidados están llamados a iniciar esta transición con una perspectiva de medio y largo plazo, apostando por un turismo que genere beneficios compartidos y contribuya de forma sostenible al desarrollo de sus comunidades.
Para poderlo hacer se presenta a continuación un Decálogo para afrontar los retos de los destinos españoles consolidados, por un Turismo Que Suma, en el que se incluyen recomendaciones y buenas prácticas, que esperamos ayuden a orientar la acción de los gestores de los destinos.
Invertir en sistemas de conocimiento al servicio de una gestión del destino basada en evidencias para objetivar la existencia de exceso de turismo en el destino y su área de influencia a través de datos, indicadores y estudios que analicen de forma rigurosa la capacidad de acogida del destino. Instrumentos que sirvan para evaluar la verdadera incidencia de los flujos turísticos y sus distintas tipologías y perfiles en los elementos de cuestionamiento social (masificación de espacios públicos, servicios e infraestructuras, dificultad de acceso a la vivienda, encarecimiento del nivel de vida, congestión de tráfico…) y en la preservación de sus recursos ambientales, para diseñar estrategias y nuevos modelos de desarrollo y reposicionamiento turístico equilibrados, que se dirijan a la demanda más interesante que se pretende atraer.
Impulsar y aplicar sistemas de planificación y ordenación urbanística que, con los instrumentos adecuados para garantizar su cumplimiento (modificación de los Planes Generales de Ordenación Urbana a través de normas urbanísticas especiales, Planes directores, licencias, regulaciones...), orienten la oferta turística deseada y, especialmente, establezcan los niveles objetivo de plazas alojativas -determinantes de la presión turística--, así como sus tipologías para generar la mayor contribución económica y el mayor y mejor empleo, de mayor aportación y equilibrio con la preservación de la vida local. Todo ello para evitar procesos de gentrificación en determinadas zonas de mayor intensidad turística por elementos desbordantes, como la conversión de viviendas en alojamientos turísticos.
Priorizar la aplicación de sistemas profesionales y contrastados de gestión de los ámbitos de incidencia turística que provocan contestación ciudadana en los destinos, frente al establecimiento de limitaciones genéricas discriminatorias para los visitantes. Sistemas que deben ser aplicados a ámbitos como: la gestión del tráfico (con nuevas infraestructuras, sistemas de información y señalización, aparcamientos disuasorios, servicios de movilidad individual sostenible, transporte público…), el acceso a la vivienda (ordenación y limitación de la vivienda turística, generación de un parque de vivienda pública y de promoción privada de alquiler a precio asequible...) o la concentración humana en espacios y recursos naturales y culturales (con sistemas de gestión de flujos, límites de turistas en grupo con guías, cierres temporales preventivos, tasas de acceso a espacios y recursos culturales y naturales concretos, sistemas de reservas y tarificación dinámica o acceso regulado en función de la demanda…). Sistemas previos que se prioricen frente al establecimiento de limitaciones discriminatorias a los visitantes.
Fomentar incentivos a la inversión en rehabilitación y renovación de
los servicios, las instalaciones, los establecimientos y los equipamientos turísticos existentes (alojativas, de restauración, comercio, ocio, transporte, infraestructuras y espacios públicos), y la reducción de trámites y simplificación de procedimientos administrativos para hacerlo posible. Todo ello con el objetivo de revertir procesos de posible degradación del destino y promover el reposicionamiento de la oferta existente con criterios de mejora del valor añadido y eficiencia ambiental, frente a la generación de nueva oferta que, además de agravar posibles situaciones de saturación, no se encuentre alineada con la experiencia turística que demandan los perfiles más interesantes a atraer.
Luchar contra la prestación de todo tipo de servicios ilegales que facilitan la masificación, especialmente en el caso de la comercialización de viviendas y demás estancias alojativas sin las licencias correspondientes, además de deteriorar la calidad de la oferta y promover resultados indeseables en elementos prioritarios: condiciones laborales precarias, impago de impuestos, incumplimiento de normativas de coberturas de riesgos, sistemas de información de los cuerpos del Estado para la seguridad de los destinos, estándares de calidad, huella ambiental… promoviendo la inspección efectiva con la dotación de recursos necesarios para ello y el endurecimiento de sanciones a los infractores.
Promover y poner todos los medios para garantizar el civismo en el
destino por parte de los visitantes, la preservación de los modos de vida local y el descanso de los residentes;
a través de la redacción y aplicación de ordenanzas municipales sobre uso de los espacios públicos, ruido en instalaciones turísticas, consumo de bebidas alcohólicas en las calles, horario de terrazas y cierre de bares, restaurantes discotecas y salas de fiesta… y en cuya aplicación se implique a los proveedores de servicios turísticos.
Impulsar la diversificación espacial y temporal de la oferta turística a
través de nuevos polos y rutas de atractivo turístico fuera de los espacios de mayor concentración humana (centros históricos, frentes marítimos, parques, playas, y demás espacios de concentración humana). Con este objetivo, invertir y promover acciones y productos turísticos (congresos, reuniones, eventos culturales, deportivos…) que permitan la atracción de turistas en momentos de menor afluencia, que coadyuve a dotar de mayor estabilidad a la generación de empleo, y generando y poniendo en valor nuevos recursos de centralidad turística en otros territorios/barrios del destino, invirtiendo en señalética para trazar corredores turísticos alternativos, llegando a acuerdos con destinos/recursos turísticos de su hinterland de influencia...
Reorientar y reforzar (que no reducir) con mayor capacidad de impacto las estrategias de marketing y promoción turística hacia la atracción de los perfiles de turistas más interesantes por su contribución económica y su alineamiento con los valores de respecto a los recursos y la sociedad de los destinos y las iniciativas de mejora de la puesta en valor del turismo frente a la sociedad. Todo ello para alimentar el posicionamiento de modelo turístico deseado.
Fomentar una gobernanza participativa a través de órganos de
cogestión público-privada, bajo fórmulas jurídicas ágiles y flexibles
que permitan la involucración activa de todos los agentes del destino (incluyendo representantes de la sociedad civil), la incorporación del mejor talento profesional, y la generación de los recursos necesarios al servicio de una gestión del destino con una visión transversal, consensuada y de medio y largo plazo, que persiga el posicionamiento de modelo turístico deseado, a la vez que favorezca su engarce con los objetivos de la sociedad local.
Consolidar una fiscalidad turística justa y finalista que evite la implantación de nuevos tributos (impuestos o tasas) adicionales a los impuestos que ya paga el turista.
Si se cargasen nuevos tributos sobre actividades turísticas, es imprescindible que:
A. Se eviten impuestos generalistas sobre las pernoctaciones u otros hechos imponibles relacionados con la afluencia y se opte por tasas que vayan a mejorar la gestión, calidad de los servicios y mantenimiento de elementos turísticos: espacios naturales (parques, playas…), recursos culturales y patrimoniales, infraestructuras dotacionales…
B. La recaudación resultante sea siempre finalista para su inversión en la mejora de la competitividad turística del destino (en recursos turísticos, señalización o mobiliario urbano, regeneración de espacios públicos y/o mejora de infraestructuras de transporte, la gestión de flujos turísticos), con la participación paritaria de los empresarios turísticos en los órganos decisorios de los ámbitos y proyecto a financiar.
C. Se evite el uso de la recaudación para compensar la falta de financiación endémica de las AA.PP. locales sobre otros servicios públicos, que no tienen que ver con el turismo y que, en el caso de que éste fuera el motivo, se valore previamente la creación de la figura del municipio turístico a la que se le transfiera recursos de los ingresos ya generados por el turismo en otras figuras tributarias(IVA, IRPF de los trabajadores, Impuesto de Sociedades de las empresas, Impuesto de Bienes Inmuebles…).
D. Se distribuya la carga solidaria y equitativamente entre el conjunto de subsectores que se benefician del turismo (no solo al alojamiento, sino a comercios, bares restaurantes, discotecas, medios de transporte, empresas de ocio).
E. En el caso del alojamiento se garantice su pago por parte delalquiler de viviendas turísticas.
F. Su diseño e implantación sea discutido y acordado con antelación a su implantación con los agentes y empresas sujetas a su recaudación.
Invertir en sistemas de conocimiento al servicio de una gestión del destino basada en evidencias para objetivar la existencia de exceso de turismo en el destino y su área de influencia a través de datos, indicadores y estudios que analicen de forma rigurosa la capacidad de acogida del destino. Instrumentos que sirvan para evaluar la verdadera incidencia de los flujos turísticos y sus distintas tipologías y perfiles en los elementos de cuestionamiento social (masificación de espacios públicos, servicios e infraestructuras, dificultad de acceso a la vivienda, encarecimiento del nivel de vida, congestión de tráfico…) y en la preservación de sus recursos ambientales, para diseñar estrategias y nuevos modelos de desarrollo y reposicionamiento turístico equilibrados, que se dirijan a la demanda más interesante que se pretende atraer.
