Desde 2010, el crecimiento de las viviendas de uso turístico en Canarias ha sido exponencial, rompiendo el modelo territorial de especialización de usos del suelo, con el consiguiente traslado de turistas a zonas residenciales, incrementando los precios de la vivienda, los niveles de tráfico y los sistemas dotacionales de servicios públicos y la propia convivencia entre turistas y residentes. Ante este escenario, el Gobierno de Canarias impulsó una ley específica para ordenar el uso turístico de viviendas, complementando la normativa turística y urbanística existente.
La Ley 6/2025 ordena de forma sostenible la actividad de alquiler vacacional, garantizando la convivencia vecinal, la protección del derecho a la vivienda y la preservación del equilibrio territorial. La norma introduce criterios urbanísticos, ambientales y sociales para autorizar el uso turístico de viviendas, reforzando el control administrativo y estableciendo límites en zonas tensionadas. Sus impactos positivos se reflejan en una mayor seguridad jurídica, una reducción de la presión sobre el mercado residencial y una mejora de la calidad de la oferta turística.
La Ley 6/2025 introduce un marco regulador integral que pretende garantizar un uso turístico de viviendas sostenible, compatible con el derecho a la vivienda, la convivencia vecinal y la planificación territorial basado en:
